La Facilidad de Recuperación y Resiliencia (RRF), parte del programa NextGenerationEU de 800.000.000€, ha desembolsado más de 300.000.000€ hasta abril de 2025 para ayudar a los Estados miembros de la UE a recuperarse de la pandemia de COVID-19.
Este fondo, basado en el rendimiento, busca fomentar reformas estructurales y promover la transición verde y digital en toda la Unión Europea.
Desembolsos y solicitudes
La Comisión Europea ha recibido 86 solicitudes de pago de los Estados miembros y ha desembolsado 69 de ellas. Hasta la fecha, se han distribuido 200.000.000€ en subvenciones y 110.000.000€ en préstamos.
Estos fondos se asignan en función de la evidencia de progreso concreto en las reformas e inversiones acordadas en los planes de recuperación y resiliencia de cada país.
Impacto económico
Se espera que la RRF impulse el crecimiento económico de la UE, con un aumento proyectado del PIB de hasta un 1.4% para 2026.
La inversión pública ha crecido significativamente, pasando del 3.17% del PIB en 2019 al 3.66% en 2024, con un crecimiento adicional previsto. Este incremento, impulsado en gran parte por la RRF, también ha fomentado la inversión privada.
Reformas y transparencia
La RRF ha acelerado la implementación de recomendaciones específicas por país, mejorando la transparencia y el seguimiento de los fondos. Ejemplos notables incluyen la Ley de Desburocratización en Eslovenia, que ha reducido la legislación empresarial en un 10%, y la reforma del mercado laboral en España, que ha promovido contratos indefinidos y la flexibilidad interna de las empresas.
Transición verde y digital
La RRF destina 276 mil millones de euros a proyectos verdes y 150 mil millones a la transformación digital. Se espera que estos proyectos verdes reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en 54.7 millones de toneladas anuales para 2026.
Además, la transformación digital incluye la mejora de infraestructuras, la ciberseguridad y la reducción de la brecha digital.
Control y auditoría
La RRF asegura una supervisión financiera robusta y la protección de los intereses financieros de la UE mediante auditorías y sistemas de control.
Asimismo, la Comisión Europea verifica que se cumplan los hitos y objetivos antes de liberar los pagos, mientras que los Estados miembros son responsables de prevenir el fraude y la corrupción.